Con la implantación en el año 2010 y su posterior modificación en 2015 de la responsabilidad penal de la persona jurídica, las empresas también pueden ser responsables de delitos penales por las que se le puede castigar incluso, con el cierre definitivo. Poca broma.

El art. 31 Bis del Código Penal establece que la persona jurídica será penalmente responsable de los hechos cometidos por los representantes legales de la sociedad o por las personas dependientes de estas.

¿Cómo se puede evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica incluso llegando al cierre de la misma?

  1. En primer lugar, habrá que instaurar un Plan de Cumplimiento Normativo (Compliance).
  2. La supervisión del plan correrá a cargo de un órgano autónomo de la persona jurídica.
  3. Los autores individuales deben haber cometido el delito eludiendo el plan de cumplimiento normativo.
  4. Que no haya omisión en las funciones del órgano autónomo.

Los requisitos del Plan de Cumplimiento Normativo son los siguientes:

  1. Se identificarán las actividades en las que se puedan cometer los delitos, para prevenirlos.
  2. Habrá que establecer los protocolos para el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica.
  3. Dispondrán de los modelos de gestión de los recursos financieros.
  4. Impondrán la obligación de informar de incumplimientos o riesgos en la organización.
  5. Se establecerá un modelo de sanciones para quien incumpla el Plan.
  6. Se deberá realizar una verificación periódica del Plan de Cumplimiento.

Podemos mencionar, a modo de ejemplo, distintos delitos por las que tú empresa puede responder como persona jurídica: estafas, insolvencias punibles, daños informáticos, propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores, revelación de secretos de empresa, contra los derechos de los consumidores, corrupción en los negocios, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, fraude de subvenciones, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la salud pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación entre otros delitos.

Ya por último, las penas que se le pueden imponer a la Sociedad son las siguientes:

  1. Una multa.
  2. La disolución de la persona jurídica.
  3.  Suspensión de la actividad por un plazo no superior a 5 años.
  4. Clausura de locales y establecimientos por un plazo no superior a 5 años.
  5. Prohibición de realizar actividades donde se haya cometido el delito, temporal o definitivo.
  6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas, contratar con el sector público, gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de 15 años.
  7. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por un plazo no superior a 5 años.

Como podemos observar, hoy en día es trascendental invertir e instaurar un Plan de Cumplimiento Normativo para evitar distintos riesgos a los que estamos sometidos día a día.